La implantación de la factura electrónica en la Unión Europea
16/10/2013
La Unión Europea camina hacia una Administración Pública sin papeles. La adopción de la facturación electrónica en los Gobiernos de los diferentes Estados miembros se ha convertido en una de las prioridades de la Agenda Digital, debido a las ventajas medioambientales y económicas que supone. De hecho, se calcula que el ahorro podría llegar a los 2300 millones de euros.
Para impulsar esta iniciativa, el pasado 26 de junio, la Comisión publicaba una Directiva sobre facturación electrónica en la contratación públicaque aspiraba, además, a mejorar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de facturación mediante una normativa europea.
Actualmente, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Austria encabezan el ranking de adopción de la factura electrónica en el sector público. No obstante, a partir del próximo año se pondrán en marcha iniciativas que permitirán a numerosos países de la Unión Europea sumarse a este sistema.
En el caso de Italia, por ejemplo, se ha planteado una adhesión progresiva de la administración a la facturación digital, que según el decreto aprobado hace unos meses, finalizará el 6 de junio de 2015. Otros estados, como Bélgica, prolongan ese plazo casi dos años más, hasta el 1 de enero de 2017.
En España, la factura electrónica será obligatoria en el Sector Público a partir del 15 de enero de 2015, excepto en comprobantes iguales o menores a 5000 euros, tal y como especifica el Proyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros en julio de este año.
También el Ejecutivo británico ha adoptado medidas para impulsar la facturación electrónica, tanto en el Sector Público como privado, a través de su Estrategia de Información Económica. Sin embargo, este documento no es vinculante, sino que se plantea más bien como una recomendación.
En Francia, si bien no se prevé la obligatoriedad del uso de la factura electrónica para trabajar con la administración pública, sí que son varios los esfuerzos realizados en la legislación gala para fomentar su implantación en las relaciones que las distintas administraciones mantienen con sus proveedores y acreedores. En concreto, la ley de de Modernización de la Economía de 2008 establecía que con fecha tope enero de 2012, el estado debería estar en condiciones de recibir facturas “desmaterializadas” de aquellos proveedores que quisieran hacérselas llegar por medios electrónicos”.
Las ventajas de la administración sin papel se extienden más allá de las fronteras de la Unión Europea. En las últimas semanas, hemos conocido el salto a la facturación electrónica de Estados como Indonesia, Turquía o Kazajistán, aunque actualmente los países más avanzados en su implantación son México, Brasil y Chile.