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La Facturae supondrá un beneficio de 51 millones de euros

31/10/2013

  • Desde el 1 de enero de 2014 las Administraciones contarán con un registro único contable de pagos.
  • La facturación electrónica con la administración pública será obligatoria a partir del 15 de enero de 2015.

A falta de su aprobación definitiva en el Senado, la ley de impulso de la factura electrónica y creación de un registro único contable de pagos en el sector público entregará en vigor a partir del próximo año. Esta iniciativa, que salió adelante en el Congreso el pasado 23 de octubre, pretende reducir la morosidad de la Administración, mejorar la competitividad y eficiencia de las empresas y reducir las cargas administrativas. Medidas que podrían traducirse, según los cálculos del Gobierno, en un beneficio anual de 51 millones de euros.

Los cambios de esta ley se aplicarán en dos fases. Primero será el Sector Público quien se acoja a un nuevo procedimiento en la tramitación de facturas. Y es que a partir del próximo 1 de enero, todas las Administraciones contarán con un registro contable de comprobantes, cuyos encargados remitirán a la Agencia Tributaria la información sobre las facturas recibidas. Esto permitirá tener un conocimiento inmediato de la realidad patrimonial, por lo que se podrán establecer presupuestos más adaptados a la realidad y, por tanto, las cuentas públicas serán más fiables.

En una segunda fase, a partir del 15 de enero de 2015, la facturación electrónica, bajo el denominado modelo E, será obligatoria para todos los comprobantes con un coste superior a 5000 euros. Además, los proveedores deberán presentar y tramitar electrónicamente sus facturas en el registro contable de las Administraciones, de modo que quedará constancia de la fecha de entrega. El objetivo es garantizar el pago en un plazo máximo de 30 días, de acuerdo con las exigencias de Bruselas. De lo contrario, la Administración tendrá que aportar los intereses correspondientes al proveedor.

Esta no es la primera iniciativa del Gobierno español para poner en marcha la factura electrónica en el sector público. Tal y como os contamos en nuestro Expert Analysis “Factura-e: electronic invoicing with the Spanish public administration”, la primera normativa data de 2003, cuando el Real Decreto 1496/2003 transpuso la Directiva 2001/115/EC que abría la puerta a este formato en Europa. “En los últimos años, en España se han producido discrepancias en los requerimientos necesarios para implantar la factura electrónica en el sector público y el privado”, asegura nuestro responsable de proyectos internacionales, Miguel Soler.

No obstante, en esta ocasión parece que el proyecto de ley cuenta con unos cimientos sólidos que deberían facilitar la implantación de la llamada Facturae. Por un lado, ya se han llevado a cabo grandes inversiones por parte de proveedores y acreedores de la Administración, que prepararon sus sistemas de información para emitir comprobantes electrónicos en 2009, debido a una iniciativa anterior.

Por otro lado, la puesta en marcha de la facturación electrónica es ya una realidad en los Estados miembros de la Unión Europa, en línea con la Agenda Digital. Italia o Bélgica han emprendido medidas similares a las del Ejecutivo español en los últimos meses. Otros países como Suecia, Noruega, Finlandia o Dinamarca ya encabezan el ranking de adopción de este formato en el sector público.

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