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El gobierno podría reactivar iniciativas del 2007 para fomentar el uso de la Factura Electrónica en España

28/06/2013

España, 28 de junio de 2013 – La vicepresidente del Ejecutivo español, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció hoy en su comparecencia posterior al Consejo de Ministros que el Gobierno aprobará en los próximos días el anteproyecto de Factura Electrónica y la creación del Registro Contable.

Esta iniciativa se enmarca dentro de las recomendaciones recogidas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), y forma parte del paquete de medidas que se están impulsando para fomentar el ahorro y la eficiencia en la Administración española.

El impulso de la factura electrónica tiene un doble objetivo dentro de este paquete de iniciativas. Por un lado, pretende proteger al proveedor, ya que se trata de un sistema que ofrece mayores garantías sobre la entrega y tramitación de los pagos. Por otro lado, persigue “implantar las tecnologías de la información y las comunicaciones” para incrementar “la productividad y la competitividad de la economía española”, según destaca el informe de la Comisión.

A falta de la publicación del anteproyecto, ya se han adelantado dos de las líneas maestras que lo guiarán:

  • La bligatoriedad de su uso a partir del 15 de enero de 2015 para facturas cuyo importe se de más de 5.000 euros.
  • La necesidad de su puesta en marcha en “las empresas prestadoras de servicios de especial trascendencia económica”

Otras iniciativas de impulso de la factura electrónica en el pasado

Las iniciativas para impulsar el uso de la factura electrónica a partir de las relaciones de la Administración Pública con sus proveedores no son nuevas. La orden 2971/2007 ya regulaba hace ahora 6 años una normativa general para la aceptación de la factura digital por parte de la Administración General de Estado y de sus organismos públicos dependientes. Esta norma especificaba en su artículo 5 la necesidad de emplear una firma electrónica avanzada para garantizar la integridad y autenticidad del documento electrónico.

Además, esta orden desarrollaba igualmente el formato en el que se deberían emitir estas facturas, que bajo el nombre Facturae, establecía una sintaxis y reglas de procesamiento conforme al W3C – Extensible Markup Language (XML). Hoy en día, la versión vigente para este modelo de factura electrónica es la 3.0, ya que la versión 4.0 se encuentra en borrador desde septiembre de 2011.

También la Ley 30/2007 de contratos con el Sector Público establecía explícitamente que con fecha tope 1 de agosto de 2009, la Administración General del Estado debería estar en condiciones de poder recibir y tramitar las facturas electrónicas de sus proveedores.

Estas circunstancias determinaron la realización de importantes inversiones por los distintos proveedores y acreedores de la Administración, con el objetivo de preparar sus sistemas de información para emitir Facturae en la fecha indicada. La realidad es que aquel primero enero de 2009 no existía un punto de recogida al que dirigir las facturas electrónicas emitidas por los proveedores de la Administración General del Estado.

La posterior publicación de la Directiva Europea 2010/45/UE sobre factura electrónica, que exigía su trasposición con fecha límite en enero de 2013, dejó aun más en suspenso las iniciativas ya puestas en marcha, a la espera de analizar en qué modo debía ser adaptada esta directiva a la legislación española.

El futuro de la factura electrónica empieza a despejarse

El 1 de diciembre de 2012, el Boletín Oficial del Estado publicó el Real Decreto 1619/2012 de 30 de noviembre, que desarrollaba y trasponía la Directiva 2010/45. Su adaptación no implicó grandes cambios sobre las leyes españolas, lo que en la práctica permitió culminar la trasposición con ligeras modificaciones sobre la legislación vigente hasta el momento.

La Administración General del Estado ha desarrollado paralelamente inversiones tecnológicas para definir el punto único de recepción de las facturas de proveedores, que podrían facilitar la puesta en servicio de los sistemas de recepción de las administraciones.

Todas estas situaciones, junto a las iniciativas que desde el año 2007 se realizan en España, marcan ya un punto de partida que allana el camino.

El anteproyecto anunciado hoy por el Gobierno parece contar con unos sólidos cimientos que deberían ser capaces de facilitar la rápida adopción de la factura digital por empresas y Administraciones Públicas.

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